seguridad laboral frente al amianto y la sílice de los contenidos del RD 396/2006, de 31 de marzo, para su concordancia con la Directiva 2023/2668, de 18 de octubre de 2024, del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la cual tiene la finalidad última de trasponer la Directiva Comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico, en España se va a optar por la primera opción. Valor superior, pero en el que se tendrán en cuenta las fibras más estrechas. Respecto al cumplimiento de lo recogido en la disposición decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sabíamos que era realmente una utopía. Es decir, que era prácticamente imposible que cada localidad española realizara un censo de los materiales que contienen amianto (MCA) existentes, en su demarcación local, en el plazo de un año desde la publicación de la mencionada Ley en el BOE. Dicho plazo expiró el 10 de abril de 2023. Es más, en esta disposición se indica que, dichos censos, se remitirán a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas. ¿Y ahora a quién le tendríamos que pedir responsabilidades? ¿A las entidades locales, a las comunidades autónomas o al Estado? Sinceramente no serviría para nada… Ansiado censo a nivel nacional A día de hoy, muy pocos son los ayuntamientos que han iniciado la confección del tan ansiado censo a nivel nacional. Iniciado con su correspondiente licitación, siendo esta una herramienta peligrosa cuando el que la usa no tiene conocimiento del trabajo a realizar y se deja asesorar por mentes privilegiadas que le aseguran que con las fotografías satélite se realiza su “censo”. Señores, esas fotografías se pueden tomar como método de trabajo complementario junto con el catastro, que nos aportará información sobre el año de construcción de las diversas edificaciones pudiendo así hacer una criba de cuáles son las que más probabilidades tienen de contener amianto (MCA) teniendo en cuenta los años de mayor importación de este material hasta la prohibición de su comercialización. Pero la inspección presencial de inspectores/as es un requisito indispensable para ejecutar este laborioso trabajo con un mínimo de garantías. En España existen 8.132 municipios. Entre ellos tenemos las capitales de provincias y numerosas localidades con más de 50.000 habitantes, convirtiéndose en una vasta cantidad de trabajo a realizar sin haber un número de técnicos con conocimientos preparados para acometerlo. Y las prisas son el mejor aliado para finalizar con un paupérrimo resultado. Pero no pasa nada… En España, de dinero, municipios y amianto andamos sobrados. / Julio-Agosto 2025 29
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